Por Laura Mondino
En este país de odios y amores, de fanatismos ciegos y límites que se infringen, de polarización constante, es urgente reestablecer un nuevo pacto social que dé cuenta de todos nuestros matices.
La fractura de ciertos códigos que significaban un acuerdo de convivencia ha puesto en evidencia la necesidad de reconstruir los lazos y recuperar la confianza del pueblo en sus representantes. Y para asumir ese desafío, la política tiene mucho que cuestionarse: la autocrítica es el paso que se evidencia necesario.
El espacio político que integro se caracteriza por haber sentado, durante sus doce años de gestión en la provincia de Santa Fe, las bases para una construcción democrática participativa, inclusiva y progresista. Nombres como el de Hermes Binner, Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz representan para el imaginario colectivo el sinónimo de una política diferente, cercana a las necesidades de la gente y con base en la honestidad en el manejo de la cosa pública, con el objetivo de ampliar derechos.
Queremos capitalizar esa tradición en una política pública que trascienda esta gestión y que garantice a futuro los principios de la transparencia y la ética en la función pública en la ciudad de Santa Fe.
En el Concejo Municipal de Santa Fe venimos trabajando en construir una ordenanza de ética pública a partir de un proyecto enviado por el intendente Emilio Jatón, que se propone elevar los estándares de transparencia en el estado local. Es la primera vez en la historia de la ciudad que el propio Poder Ejecutivo propone autorregular a sus funcionarios y funcionarias.
El texto que hoy estamos discutiendo dispone normas de conducta basadas en principios como la integridad, la preservación del interés público, la transparencia, la rendición de cuentas, la prudencia y la imparcialidad.
Con deberes, principios, incompatibilidades y obligaciones para quienes desempeñamos cargos en el Estado. Con reglas de antinepotismo, para evitar que los funcionarios y funcionarias designen a cónyuges o personas con las que posean vínculos de parentesco hasta el cuarto grado. Con una regulación respecto de los obsequios que se reciben.
Con un régimen de declaraciones juradas patrimoniales que se presentarán al ingresar a la función, anualmente y al cesar en el cargo. Con un esquema de prevención de conflictos de intereses o incompatibilidades.
El diálogo entre la sociedad y quienes entendemos la política como servicio debe ser restaurado: no hay otro modo de salir de la encrucijada que hoy vive nuestro país. El odio, el grito, la descalificación, el insulto, no pueden formar parte de ninguna construcción política saludable; así como tampoco el ventajismo, el aprovecharse del estado para fines personales, el tráfico de influencias, las dádivas ni el intercambio de favores.
Como hombres y mujeres de la política, tenemos la responsabilidad de reafirmar los principios de solidaridad, servicio y compromiso como pilares fundamentales de nuestro hacer cotidiano, para cuidar y fortalecer la democracia que tanto nos ha costado conseguir.
