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Nos parece importante desde el Concejo Municipal pronunciarnos de manera institucional en relación a la campaña de desacreditación y presión que vienen sufriendo, por parte de ciertos sectores de privilegio, los integrantes de las fiscalías especializadas en género (Unidad Especial de Violencia de Género, Familiar y Sexual, GEFAS) del Ministerio Público de la Acusación.
En los últimos días en las redes sociales hubo escraches y manifestaciones agraviantes contra las fiscales Alejandra del Río Ayala, Celeste Minniti y el fiscal Matías Broggi por parte de sectores antiderechos.
Frente a este avance, esta semana hubo una convocatoria de la Mesa Ni Una Menos, la Multisectorial de Mujeres y distintas organizaciones feministas de la ciudad frente a los Tribunales. También se pronunciaron en este sentido la Cámara de Diputados y Diputadas de la provincia y la Asociación de Fiscales de la provincia de Santa Fe. Como representantes de los vecinos y vecinas de la ciudad, queremos sumar desde aquí nuestra voz de preocupación.
Sabemos que en Santa Fe existen sectores que operan para entorpecer el trabajo de los funcionarios y funcionarias judiciales y que los presionan para que no investiguen ni pidan la prisión preventiva de los agresores sexuales.
Con esto se busca también desalentar las denuncias, que es algo que tanto nos costó a las mujeres fomentar, porque sabemos lo difícil que es en cada caso, porque cada mujer que no denuncia es una persona que está en un estado de vulnerabilidad absoluta, porque muchas veces el animarse a hablar se paga con la muerte.
Conocemos de primera mano las trabas que el sistema judicial durante muchos años le deparó a las mujeres que, aún con todos esos miedos, se animaron a dar el paso de denunciar.
El hecho de que hoy contemos con una unidad especializada implica que se ha logrado modificar patrones culturales que eran un gran obstáculo para el acceso a la justicia de mujeres, niños y niñas, en particular, y de víctimas de violencia sexual, en general. Esto fue un logro del movimiento feminista y lo vamos a defender sin ceder un milímetro.
Cuando hay funcionarios y funcionarias judiciales que asumen la perspectiva de género como herramienta en el ejercicio de su trabajo, no es sin resistencia: hablamos de una lucha que viene a terminar con los privilegios de algunos.
La perspectiva de género en la justicia es una deuda de nuestra democracia. Y en ese sistema sabemos que hay personas que día tras día dan una intensa lucha en favor de los derechos de las mujeres y disidencias. Por eso expresamos nuestro total apoyo y solidaridad para esos funcionarios y funcionarias que trabajan para que la justicia sea una herramienta en la construcción de la igualdad.
Venimos sosteniendo este camino desde hace muchos años, con la fuerza de las luchas colectivas, sin claudicar. Y así lo seguiremos haciendo.
La justicia sin perspectiva de género no es justicia.
